PROCEDIMIENTOS ESPECIALES
I.
Los procedimientos especiales
La nueva Ley Jurisdiccional dedica su título V a
los procedimientos especiales, en los que incluye:
·
El procedimiento para la protección de los
derechos fundamentales de la persona (arts. 114 a 122, inclusive, Capítulo I),
·
La cuestión de ilegalidad (arts. 123 a 126
inclusive, Capítulo II), y
·
El procedimiento en los casos de suspensión
administrativa previa de acuerdos (art. 127, Capítulo III).
Deben considerarse también como procedimientos
contenciosos administrativos especiales, tanto:
-
El
proceso contencioso-electoral, regulado en la Ley electoral, como
-
El
proceso de lesividad, que aunque regulado en la Ley Jurisdiccional dentro
del procedimiento tipo (arts. 43 y 45.4), tiene una tramitación peculiar, dado
que tiene que ser la propia Administración autora del acto la que inicie el
proceso como parte actora (arts. 19.2), previa la declaración de lesividad.
Dentro del procedimiento
especial para la protección de los derechos fundamentales, la Ley dedica el art.122 al procedimiento para la
protección del derecho fundamental de reunión, cuya tramitación es totalmente
diferenciada del procedimiento general especial establecido para los demás
derechos fundamentales.
A)
PROCEDIMIENTO
PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA EN GENERAL
a)
Introducción
La ley 62/1978, de 26 de diciembre, que fue una de las primeras
leyes elaboradas después de nuestra constitución, venía a desarrollar las
previsiones del art. 53.2. De la
Constitución, que dispone que cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de
las libertades y derechos reconocidos en el
art. 14 y sección 1ª del Capítulo Segundo ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios
de preferencia y sumariedad…”
Esta ley
estableció una regulación unitaria (no uniforme) de su protección en los
ámbitos civil, penal y contencioso-administrativo.
Actualmente,
la nueva Ley Jurisdiccional deroga a la expresada Ley 62/1978 (disposición
derogatoria segunda, c) en lo referente al proceso contencioso-administrativo,
aproximándose al criterio defendido por un amplio sector doctrinal para quien
parece más lógico y correcto que sea cada ordenamiento procesal especial el que
incorpore a su articulado las normas de dicho procedimiento que le sean
propias, y de ese modo evitar la dispersión legislativa. Dicha derogación es
simultánea a la decisión del legislador de incorporar el procedimiento referido
a su articulado, configurándose, dentro de la Ley, como uno de los
procedimientos especiales, tal y como hemos señalado.
Y así, el art. 114.1 dispone que: “el
procedimiento e amparo establecido en el art.
53.2. De la Constitución Española se regirá, en el orden
contencioso-administrativo, por lo dispuesto en este Capítulo y, en lo no
previsto en él, por las normas generales de la presente Ley.
La nueva
Ley reconoce carácter preferente a la tramitación de estos recursos (art 114.3), pero no contiene una
manifestación similar cuando del requisito de la sumariedad se trata, rompiendo
así con lo establecido en la Ley 62/1978,
si bien esta última (la sumariedad) se pretende conseguir con una clara
reducción de los plazos, que dé más rapidez a dicha tramitación.
Por último,
y dada la nueva regulación que la Ley Jurisdiccional hace de las medidas
cautelares, regulación más acorde con la jurisprudencia de nuestro Tribunal
Constitucional y de nuestro Tribunal Supremo, se ha modificado el criterio que
sobre la suspensión de la ejecución del acto había introducido la ley 62/1978, según el cual se defendía,
el procedimiento sobre derechos fundamentales, el principio de suspensión de la
ejecución salvo prueba de grave perjuicio para el interés general (art. 7 Ley 62/1978).
b) Regulación
a’) Características del procedimiento
Hemos apuntado las de
preferencia y sumariedad. Sin embargo, concurren en el mismo otras notas que
debemos resaltar:
a¨) Preferencia
Implica prioridad absoluta
sobre los demás asuntos (ordinarios) que se tramiten ante el juzgado judicial,
al objeto de proceder a su despacho previo, aunque su entrada en aquél haya
sido posterior.
La preferencia alude a la
prioridad por parte de las normas que regulan la competencia funcional del
órgano judicial interviniente.
b’) Sumariedad
Supone reducción de plazos y
simplificación de trámites, en suma, rapidez y agilidad a la hora de su
tramitación.
Aunque la Ley Jurisdiccional
no lo regula de manera explícita, es evidente que existe una clara reducción de
los plazos respecto del proceso ordinario.
Se trata de obtener una
respuesta rápida, lo que constituye la clave de la garantía y eficacia en la
protección del derecho fundamental presuntamente en peligro o ya vulnerado.
c¨) Innecesariedad de agotar la vía administrativa
El art. 7 de la Ley 62/1978
proclamaba de manera expresa que no era necesario agotar la vía administrativa
previa para acudir a la protección jurisdiccional del derecho fundamental
afectado por el acto recurrido. La supresión de ese trámite previo era una
prueba más de la nota de sumariedad.
El apartado 1 señala que: “el plazo para interponer este recurso será
de diez días, que se computarán, según los casos, desde el día siguiente al de
notificación del acto, publicación de la disposición impugnada, requerimiento
para el cese de la vía de hecho, o transcurso del plazo fijado para la
resolución, sin más trámites”.
Si analizamos los supuestos
contemplados en el art. 115.1 de la LJCA
podemos llegar a la conclusión de que no es necesario agotar la vía
administrativa para acudir directamente a la vía jurisdiccional cuando se trate
de derechos fundamentales.
En el supuesto de la vía de hecho, basta hacer el requerimiento
previsto en la Ley para sin necesidad de esperar respuesta alguna ni transcurso
del plazo prevista por la Ley (art. 30),
impugnar directamente el acto sin esperar dichos trámites referidos.
Parece razonable entender que
no es preciso agotar la vía administrativa para recurrir en vía
contencioso-administrativa a través del procedimiento especial sobre protección
de derechos fundamentales de la persona.
d¨) Intervención del Ministerio Fiscal
Tampoco se refiere expresamente
la Ley a la intervención del Ministerio Fiscal, pero en la misma se hace
referencia tanto al regular la comparecencia prevista en caso de existir
motivos de inadmisión del recurso (art.
117.2 LJCA), como para que formule alegaciones a la demanda (art. 119), trámites en los que deberá
comparecer al objeto de formular las alegaciones que estime convenientes sobre
la concurrencia o no de motivos de inadmisión del recurso y, en su caso, sobre
si, a su juicio, la actuación administrativa recurrida ha violentado o no el derecho
fundamental impetrado.
El Ministerio Fiscal
interviene en el proceso una vez que éste se ha plateado, y no tanto como parte
“propiamente dicha” en el mismo, sino como defensor de la legalidad y sobre
todo como “defensor de los derechos de los ciudadanos” (art. 124,1 CE).
La nueva Ley Jurisdiccional,
al regular la legitimización en el proceso contencioso-administrativo, alude al
Ministerio Fiscal (art. 19.1.f) reconociéndole dicha legitimación “para
intervenir en los procesos que determine la ley”. La ley no habla de impugnar
sino de intervenir, lo que pone de manifiesto la distinción existente entre
ambas actividades. Al Ministerio Fiscal se le reconoce en principio
legitimación para intervenir y no para impugnar. Pero queda limitada su intervención
a los casos de posibles motivos de inadmisión de recurso, así como a hacer
alegaciones una vez formalizada la demanda.
b´) Tramitación
a¨) Iniciación
Forma. El recurso se inicia mediante escrito de interposición que
deberá contener y cumpla con los siguientes requisitos:
a´¨) expresará con precisión y claridad el derecho o derecho cuya
tutela se pretende y
b´¨) de manera concisa los argumentos sustanciales que den fundamento
al recurso.
Plazo. El plazo fijado por la Ley para la interposición del recuso
será de diez días (La Ley 62/1978 fijaba
diez días para los actos expresos y veinte día para actos presuntos).
En el proceso ordinario el
plazo es de dos meses. La reducción
de este plazo es una prueba del carácter sumario de este procedimiento
especial.
El mencionado plazo de diez
días comenzará a computarte desde el día siguiente a la notificación del acto,
la publicación de la disposición impugnada, el requerimiento para cese de la
vía de hecho y transcurso del plazo fijado para la resolución.
El plazo de diez días deberá
computarse transcurridos veinte día desde la reclamación hacha a la
Administración, en casa de inactividad y desde la presentación del recurso en
vía administrativa si éste se hubiera interpuesto potestativamente. Es decir,
en estos supuestos, el plazo de diez días se computará una vez transcurridos
los veinte días referidos.
b¨) Reclamación del expediente administrativo
Una vez interpuesto el
recurso, el expediente administrativo será reclamado en el mismo día de presentación
del recurso o en el siguiente. El Secretario judicial requerirá al órgano
administrativo correspondiente con carácter urgente la remisión del expediente
administrativo. Se acompañará copia del escrito de interposición con el
mencionado requerimiento (art. 116.1.
LJCA).
La Ley exige que el
requerimiento se haga con carácter urgente, intentado agilizar el trámite y
acentuar el principio de sumariedad del procedimiento.
El expediente será remitido en
cinco días, contados desde la recepción del requerimiento, a diferencia del
procedimiento ordinario donde le plazo de remisión es de veinte días.
Una vez más se produce una
reducción de los plazos previstos para el proceso ordinario.
El órgano emplazará a todos
los interesados, a los que también remitirá copia del escrito de interposición,
que el órgano judicial le hubiera remitido con el requerimiento ya referido.
Al igual que el proceso
ordinario, el expediente se enviará completo, foliado y autenticado en su caso
con un índice de los documentos que contenga.
Si la Administración no remite
el expediente administrativo en plazo, la Ley ante tal conducta de aquélla, y
al igual que sucede en el proceso contencioso-administrativo ordinario,
impondrá la correspondiente sanción y multa al funcionario u órgano responsable,
sin perjuicio de poner los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal a los
fines penales correspondientes.
En ningún caso, la falta de
remisión en plazo del expediente administrativo suspenderá el curso de los
autos (art. 116.3).
c¨) Inadmisión del recurso
Recibido el expediente o
transcurrido el plazo para su remisión o el plazo de emplazamiento de los demás
interesados, el órgano judicial dictará auto (en el día siguiente), en el que
adoptará alguno de los siguientes pronunciamientos:
-
O bien mandará seguir las actuaciones,
-
O bien comunicará a las partes los motivos de
inadmisión si es que los hubiera.
En caso de la existencia de
motivos de inadmisión, se convocará una comparecencia dentro de cinco días a
las partes y al Ministerio Fiscal.
En dicha comparecencia, los
intervinientes podrán formular las alegaciones que estimen pertinentes sobre la
existencia o no de motivo o motivos de inadmisión aludidos.
A la vista de la existencia o
no de algún motivo que pudiera justificar la inadmisión del recurso, las
alegaciones se referirán necesariamente a la procedencia de dar o no al recurso
la tramitación prevista para el procedimiento especial de protección de los
derechos fundamentales, con lo que el objeto fundamental de la mencionada
comparecencia es oír a las partes sobre dicha cuestión.
Los términos del art. Nº3 del
art. 117 de la LJCA cuando una vez celebrada la comparecencia dispone que en el
día siguiente el órgano jurisdiccional dictará auto mandando proseguir las
actuaciones por este trámite o acordando su inadmisión por inadecuación del
procedimiento.
A la vista de las alegaciones
de las partes y del Ministerio Fiscal, el órgano judicial sólo puede tomar dos
decisiones:
Acordar que continúe la
tramitación del recurso por los cauces establecidos en el procedimiento
especial (cuando no haya motivo de inadmisión), o
Acordar su inadmisión por
haber sido utilizado dicho procedimiento de manera inadecuada, por no ser dicho
procedimiento el cauce procesalmente procedente.
Habrá que acudir a las normas
generales de la presente ley, (art.
114.1). Cuando concurran cualquiera de las circunstancias de
inadmisibilidad del recurso se estará en lo dispuesto en los arts. 68.1. a y 69 de la LJCA.
d¨) Medidas cautelares y formalización de la demanda
Si se hubieran pedido medidas
cautelares éstas se resolverán, una vez acordada la prosecución del
procedimiento, que la adopción de las mismas dependerá de la continuación o no
del proceso. Será el momento procesal de poner de manifiesto al recurrente,
tanto el expediente administrativo como las demás actuaciones que se hubiesen
practicado, al objeto que, previo estudio y análisis de toda la documentación
obrante en autos, proceda a la formalización de la demanda, lo que deberá
realizar en el plazo de ocho días improrrogables.
La demanda será redactada en
los términos formalmente exigibles (encabezamiento, antecedentes, fundamentos
de derecho y suplico) y estará encaminada a acreditar la violación del derecho
fundamental referido en el escrito de interposición del recurso.
e¨) Traslado al Ministerio Fiscal y a las partes demandadas
Una vez formalizada por el
actor la demanda, se dará traslado de la misma al Ministerio Fiscal y a las
partes demandadas, para que, a la vista del expediente formulen las alegaciones
pertinentes acompañando los documentos que estimen pertinentes a la defensa de
sus respectivas posiciones procesales. Dichas alegaciones deberán realizarse en
el plazo común e improrrogable de ocho días. El Ministerio Fiscal es parte en
el proceso.
f¨) Prueba
Evacuado el trámite de
alegaciones o transcurrido el plazo para efectuarlas, el órgano judicial
resolverá sobre el recibimiento del pleito a prueba.
El período de prueba será de
veinte días comunes para proponer y practicar, a diferencia del recurso
ordinario, en el que se establece un plazo de quince días para proponer y otro
de treinta días para practicar.
El recibimiento del pleito a
prueba se decidirá con sujeción a las normas generales sobre prueba, sin
perjuicio de que pueda no producirse si ambas partes no lo solicitasen y el
órgano judicial no lo acordare de oficio.
g¨) Sentencia
Una vez concluidas las
actuaciones, el órgano judicial dictará sentencia en el plazo de cinco días,
con lo que de nuevo se reduce el plazo establecido para el proceso ordinario,
que es de diez días, ratificando también en este trámite el carácter de
sumariedad del procedimiento especial.
La sentencia resolverá la
vulneración legal y ésta afecte a un derecho fundamental. Es requisito y
condición indispensable que dicha infracción vulnere un derecho fundamental de
los susceptibles de amparo judicial, ya que dicha violación es la que determina
la especialidad de este procedimiento.
Cuando se trata de Juzgados de
lo Contencioso Administrativo, las sentencia serán en materia de derechos
fundamentales, apelables en un solo efecto (art. 121.1. LJCA), rompiendo así el
criterio general de doble efecto recogido en el art. 83.1.
El efecto no suspensivo del
recurso de apelación como un modo de proteger el derecho fundamental cuya
vulneración ha sido aceptado por cuanto que el derecho quedará afectado durante
la tramitación del recurso de apelación interpuesto por el titular del mismo.
B) PROCEDIMIENTO PARA LA PROTECCIÓN DEL DERECHO
FUNDAMENTAL DE REUNIÓN.
a) Introducción.
El
procedimiento alude únicamente al derecho de reunión regulado en la Ley Orgánica reguladora de este derecho.
El acto
administrativo recurrido debe tener uno de los siguientes pronunciamientos:
a)
Prohibición
de derecho de reunión previamente solicitada.
b)
Propuesta
de modificación de los términos solicitados para que dicha reunión se celebre.
La inmediatez
entre solicitud y respuesta administrativa, justifica sobradamente la existencia
de una tramitación especial para la defensa de dicho derecho.
b) Tramitación.
a’) Requisitos
subjetivos
-
Órgano
judicial competente vendrá determinada por el órgano administrativo que haya
dictado el acto de prohibición o modificación.
-
La
legitimación para recurrir se atribuye exclusivamente a los promotores.
b’) Requisitos
objetivos.
El recurso procederá
solo contra el acto de la autoridad
gubernativa que prohibí o que proponga la modificación.
c’) Requisitos
de actividad
-Interposición. Mediante escrito que
exprese las razones y fundamentos de su pretensión
-Plazo. Dentro de las 48 horas
siguientes a la notificación de prohibición o propuesta de modificación del
acto.
-Traslado del escrito a la autoridad
gubernativa. Deben hacerlo los promotores mediante copia registrada del escrito
del recurso para que aquella remita el expediente.
-Vista oral. El secretario judicial
convoca a las partes y al Ministerio Fiscal en el plazo improrrogable de 4 días
desde la recepción del expediente o en su caso de la interposición del recurso.
-Sentencia. Celebrada la vista el
órgano judicial resolverá sin ulterior recurso.
C)
PROCEDIMIENTO SOBRE SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.
La LJCA
introduce en el art. 122.bis, dos procedimientos especiales.
a) Procedimiento
especial para la identificación del autor de la infracción ( art. 122 bis.1
LJCA)
-Objeto. Identificar el responsable de la Sociedad
de la información.
-Derechos protegidos por el procedimiento. Orden
público, salud pública, dignidad de la persona, protección de la juventud y la
infancia, propiedad intelectual.
-Los requisitos subjetivos serian; El órgano
administrativo competente, el Ministerio Fiscal, el órgano judicial competente
y la persona titular del derecho vulnerado.
-El requisito objetivo es la conducta que pueda
atentar contra alguno de los derechos antes referidas.
-Requisitos de actividad. Se inicia con la solicitud
de autorización, audiencia previa al Ministerio Fiscal, resolución de la
solicitud en el plazo de 24H, resolución del juez autorizando el requerimiento
de identificación, requerimiento de los prestadores de Servicios de la Sociedad
de información.
b) Procedimiento
especial para la ejecución de medidas restrictivas (art. 122 bis.2 LJCA)
-El objeto es la autorización para
que se interrumpa la prestación de los Servicios o se retiren los contenidos.
- El derecho protegido es el de la
propiedad intelectual.
- Requisitos subjetivos. El órgano
administrativo, el representante legal de la administración (Abogado del
Estado), el Ministerio Fiscal, los titulares de los derechos y libertades
afectados.
- Requisitos objetivos. Solicitud
de ejecución de la medida al Juzgado Central del Contencioso-Administrativo, en
el plazo de 2 días resolución, audiencia de carácter contradictorio, resolución
de la solicitud una vez celebrada la audiència,la resolución es susceptible de
recurso de apelación.
c) Procedimiento ( recurso ordinario) en
supuestos de vulneración del derecho de propiedad intelectual con ocasión de
prestación de Servicios de la Sociedad de la información.
La ley
reconoce la posibilidad de recurso contencioso-administrativo ordinadio en
diferentes preceptos.
D) LA CUESTIÓN
DE ILEGALIDAD ( ARTS.27.1 Y 123 A 126 LJCA)
a)
Introducción
La impugnación
de las disposiciones generales puede realizarse, bien directamente ( recurso
directo), ya a través de los actos que se produzcan en aplicación de las
mismas, fundada esta última en que tales disposiciones no son conformes a
derecho ( recurso indirecto) ( art. 26.1 LJCA)
b) Regulación
a’) Supuesto
en que procede plantear la cuestión de
ilegalidad exclusivamente cuando el órgano judicial interviniente
carezca de competencia para conocer del recurso directo contra la disposición
de carácter general y sí la tanga para conocer del recurso indirecto, a través
de un acto de aplicación de dicha disposición.
b’) No
procederá la cuestión de ilegalidad. Cuando el órgano judicial sea competente y
cuando se trate del Tribunal Supremo.
a¨ Actuaciones del órgano judicial que plantea
la cuestión de ilegalidad.
¿Quién plantea la cuestión de ilegalidad? El
juez o Tribunal que conozca del recurso interpuesto contra un acto de
aplicación de la disposición de carácter general presuntamente ilegal y que
hubiera dictado sentencia firme estimatoria por considerar ilegal dicha disposición
general. Es pues necesario que haya recaído sentencia firme declarando la
ilegalidad referida.
Tal innovación supone no reconocer a la
cuestión de ilegalidad carácter prejudicial, de suerte que el órgano competente
para resolverla se encontrará con una sentencia estimatoria de la demanda
basada en que la disposición general cuya legalidad se plantea es contraria a
Derecho y ha producido ya los oportunos efectos. Contra el auto planteando la
cuestión no se dará recurso alguno.
En suma <<la sentencia que declare la
validez erga omnes del Reglamento estimado ilegal en la sentencia resolutoria
del recurso indirecto no altera la situación particular derivada del fallo
jurisdiccional, produciendo en tal supuesto la resolución de la cuestión
efectos análogos a los del …recurso de casación en interés de ley>>
La expresada regulación de la cuestión de
ilegalidad no puede merecer un juicio favorable, por las siguientes razones:
En primer lugar, porque rompe con las reglas de
la competencia al permitir que un órgano judicial carece de competencia para
anular – por vía de recurso directo- una disposición de carácter general pueda
hacerlo – aunque su efecto quede limitado al caso concreto planteado – a través
del recurso indirecto, al conocer de un supuesto de aplicación individual de
dicha disposición general. En suma, hubiera sido aconsejable configurar el
carácter prejudicial de la cuestión de ilegalidad. Se está con ello afectando
al principio de seguridad jurídica y a la propia legalidad.
En segundo lugar, tal regulación de la cuestión
de ilegalidad, podrá incidir negativamente en terceros. Ellos se verán
afectados de forma definitiva por una sentencia firme que desestimó su
pretensión, y no así la otra parte, y posteriormente fue revocada. GARRIDO FALLA
se pregunta ¿cómo explicarle al tercero en discordia – por ejemplo, aspirante a
un determinado puesto en la función pública que se quedó sin él – que su
oponente favorecido por la sentencia le venció aplicándosele un reglamento
ilegal?
En tercer lugar parece asimismo censurable, el
hecho de que la cuestión de ilegalidad pueda plantearse cuando ya se hubiese
desestimado el recurso interpuesto contra la disposición general por cuanto que
declarada por resolución judicial la ilegalidad de ésta, parece una
incongruencia permitirá la posibilidad de plantear la cuestión de ilegalidad,
aparte de una ruptura del principio de cosa juzgada. De nuevo la inseguridad
jurídica invade la referida regulación normativa.
A éste respecto caben 2 soluciones: o bien
liminar la denominada cuestión de ilegalidad, atribuyendo la competencia – por
vís atractiva del órgano jerárquicamente superior. O bien se regule la cuestión
de ilegalidad. Reconociendo su carácter prejudicial y dejando en supuesto la tramitación
del recurso a la espera de que el órgano judicial correspondiente resuelva
sobre la legalidad de aquélla.
·
Forma de plantear la
cuestión. Mediante AUTO. En todo caso es preciso
subrayar que la cuestión habrá de ceñirse exclusivamente al precepto cuya
declaración de ilegalidad haya servido de base a la estimación de la demanda,
de suerte que la disposición general quedará inalterable respecto de los
preceptos no afectados por la cuestión de ilegalidad.
·
Plazo. Cinco días desde el
siguiente al que conste en las actuaciones la firmeza de la sentencia.
·
Carácter preferente. Cuando sea de especial
transcendencia para el desarrollo de otros procedimientos (art. 126.4) atribuye
carácter preferente a la tramitación de la cuestión de ilegalidad. Así se pretende
evitar inseguridades y contradicciones entre
situaciones jurídicas análogas.
·
Irrecurribilidad del auto
acordando plantear la cuestión de ilegalidad. Tal exigencia – o imposibilidad – sólo afecta
a la Administración demandada, y a quienes pudiesen con ello ocupar tal
posición procesal.
En cualquier caso parece
congruente con la regulación de la cuestión , al permitir que el órgano
judicial que la plantea pueda estimar la pretensión de la parte actora sobre la
ilegalidad de la disposición aplicable al punto controvertido.
·
Emplazamiento, comparecencia
y alegaciones. Como ya
hemos expuesto, no existe trámite de alegaciones y, por tanto contradicción,
sobre la procedencia o no de la cuestión de ilegalidad. En el auto planteando
la cuestión de ilegalidad se acordará, por tanto, el emplazamiento de las
partes para que, en el plazo de quince días, puedan comparecer y formular
alegaciones.
La comparecencia y
alegaciones se realizará ante el Tribunal competente que va a fallar la
cuestión de ilegalidad. Debate que podrá verse devaluado al no poderse
modificar el contenido de la sentencia estimatoria.
·
Remisión de autos. El secretario judicial deberá
remitir al Tribunal competente – dicha remisión deberá realizarse
<urgentemente> - lo siguientes documentos: certificación del auto
planteando la cuestión, copia testimoniada de los autos y el expediente
administrativo, y acordará la publicación del auto de planteamiento de la
cuestión del mismo periódico oficial que la disposición cuestionada.
b¨)
Actuaciones ante el Tribunal competente para fallar la cuestión.
·
Personación y alegaciones. Las partes deberán personarse
ante el mismo en el plazo referido de quince días. La comparecencia es
simultánea al escrito de alegaciones en el expresado plazo, no solo deberán
personarse, sino también formular alegaciones exponiendo los razonamientos que
las partes estimen oportunos sobre la procedencia de la cuestión planteada.
Tratándose de la parte beneficiada por la sentencia su comparecencia es
intrascendente. En cualquier caso, las partes se podrán acompañar de la
documentación que estimen oportuna para enjuiciar la legalidad de la disposición.
·
Conclusiones del
Procedimiento y Sentencia. Una vez terminado el plazo para personación y alegaciones (quince
días), el Secretario declarará concluso el procedimiento y señalará día para
votación y fallo.
·
Inadmisión de la cuestión de
ilegalidad. La ley
concede de nuevo una facultad excepcional al órgano judicial al permitirle que
<< sin necesidad de audiencia de las partes>> pueda, rechazar la
cuestión de ilegalidad cuando falten las condiciones procesales. Art. 125.2
LJCA.
Dos son pues, las razones por
las que el Tribunal podrá inadmitir la cuestión:
ü
la falta
de las condiciones procesales; como puede ser que la sentencia estimatoria no hubiera
alcanzado el grado de firmeza, o que no hubieran sido emplazadas las partes a
tiempo y forma etc. Etc.
ü
La falta
de fundamento de la cuestión. La ley exige la notoriedad de lo infundo de la
cuestión. Tal posibilidad abre un interrogante sobre el carácter no prejudicial
de la cuestión y resulta que si el planteamiento de la ilegalidad es notoriamente
infundado, se producirá la paradoja – y la injusta situación- de encontrarnos
con una sentencia firme –y, por tanto inamovible- dictada en base a una presunta
ilegalidad de carácter de justificación y fundamento.
·
Sentencia. Deberá pronunciarse en los
diez días siguientes al señalamiento para votación y fallo. Sin embargo la ley
no señala plazo para dicho señalamiento. No obstante la ley si permite la interrupción
del plazo para dictar sentencia. Si para mejor proveer fuera necesario realizar
algunas de las siguientes actuaciones:
-
Reclamar el expediente o,
-
Practicar
alguna prueba de oficio.
-
En estos
casos en el plazo común de 3 días.
·
Contenido de la Sentencia. Podrá inadmitir
(independientemente de la inadmisión ya aludida en el trámite referido a tal
cuestión) o bien estimar o desestimar la misma.
·
Inadmisibilidad de la
cuestión. Cuando
faltare algún requisito procesal insubsanable.
·
Desestimación. La desestimación podrá ser:
-
Total,
si se desestiman todas las consideraciones contenidas en la cuestión y sobre el
o los preceptos cuya ilegalidad se plantea.
-
Parcial,
si sólo se inadmite parte o alguna de las pretensiones contenidas en la
cuestión planteada.
En suma la desestimación de
la cuestión de ilegalidad procederá cuando se ajusten a Derecho la disposición
o los preceptos afectados por la cuestión de ilegalidad.
·
Estimación. Puede ser total o parcial.
Una vez firme la Sentencia que resuelva la cuestión de ilegalidad, se
comunicará al Juez o Tribunal que la planteó. La sentencia desestimatoria se
publicará en el Diario Oficial correspondiente art. 162.2 in fine, según la
naturaleza, estatal o autonómica, de la disposición afectada.
c¨)
Aplicación a la cuestión de ilegalidad de determinados preceptos del
procedimiento ordinario tipo.
El art.126.2 de la ley considera aplicable a la
cuestión de ilegalidad determinados preceptos previstos para el recurso directo
de disposiciones generales, a algunos de los cuales ya hemos hecho referencia.
Son aplicables a la misma los siguientes
preceptos:
·
el art. 33.3 sobre la
facultad del Tribunal de someter a las partes la necesidad de extender el
enjuiciamiento a otros preceptos de la disposición general no planteados en la
cuestión de ilegalidad.
·
El art. 66, sobre la
posibilidad de que se antepongan para su votación y fallo a cualquier otro
proceso, a excepción de protección de derechos fundamentales.
·
El art. 70 y art.71.1ª) sobre
el contenido estimatorio o desestimatorio de la sentencia que resuelva la
cuestión de ilegalidad.
·
El art. 71.2 sobre
imposibilidad de que la sentencia determine la forma en que han de quedar
redactados los preceptos de la disposición.
·
El art. 72.2 sobre eficacia y
efectos a terceros de la sentencia que estima la cuestión de ilegalidad.
·
El art. 73 sobre no
afectación de la sentencia firma estimatorio de la cuestión de ilegalidad.
E) PROCEDIMIENTO EN CASOS DE SUSPENSIÓN
ADMINISTRATIVA PREVIA DE ACUERDOS (ART. 127 LJCA).
a)
Supuestos en que procede.
El Capítulo III del Título IV regula el
procedimiento en casos de <<suspensión administrativa previa de
acuerdos>> estableciendo, para que el mismo pueda ser utilizado, la concurrencia
de los siguientes requisitos:
a)
Que esté
prevista su posibilidad en una disposición legal.
b)
Que
dicha posibilidad consista en que un órgano administrativo pueda suspender en
vía administrativa actos o acuerdos de Corporaciones o Entidades Públicas.
c)
Que,
además, la legislación aplicable establezca q2eu la mencionada suspensión deber
ir seguida de la impugnación o traslado del acuerdo a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
En cualquier caso, habrá que acudir a cada Ley
en particular para poder determinar los supuestos en que, cumpliéndose los
requisitos referidos, es posible la utilización de este procedimiento especial.
b)
Tramitación.
1) Interposición
o traslado.- el procedimiento podrá comenzar:
a) O bien mediante escrito de interposición del
recurso, que deberá ser <<fundado>>.
b) O bien mediante <<traslado
directo>> al órgano jurisdiccional del <<acuerdo suspendido>>
En ambos casos, habrá de acompañarse copia del
acto de suspensión.
2) Legitimación
activa.
La legitimación activa corresponde al órgano
que hubiese dictado el acto acordando la suspensión del acto o acuerdo de la
Corporación o Entidad pública que lo hubiese dictado o acordado.
3) Legitimación
pasiva.
Como es lógico, corresponde a la Corporación o
Entidad autora del acto o acuerdo suspendidos.
4) Plazo
para la interposición o traslado.
A los efectos del plazo fijado por la Ley para
el inicio del procedimiento establece una regla general y otra especial, aunque
como regla general será de 10 días siguientes al acuerdo de suspensión.
Con arreglo a la norma especial, el plazo será
el que la Ley establezca (la particular se entiende)
5)
Remisión de expediente administrativo.
El Secretario judicial requerirá a la
Corporación o Entidad pública para que en el plazo de diez días realice las
siguientes actuaciones.
a)
Remita
el expediente administrativo. Es lógico entender que a la remisión del expedientes
y a la forma y responsabilidad en caso de no remisión o de remisión tardía o
incompleta, le serán de aplicación las normas generales previstas para el
procedimiento ordinario.
b)
Alegue
lo que estime pertinente a la defensa del acto o acuerdo suspendido. Constituye
el momento procesal en que el órgano autor del acto razonará y fundamentará
acerca de la legalidad del acto y de la improcedencia de la suspensión.
Representa el carácter contradictorio del procedimiento.
c)
Notifique
la existencia del procedimiento a quienes tuvieran interés legítimo en su
mantenimiento o anulación. El efecto triangular (o múltiple) de las actuaciones
administrativas, justifica esta exigencia, al objeto de que puedan comparecer y
alegar cuando estimen oportuno quienes puedan verse afectados por la revolución
suspendida. Estos deberán comparecer en el plazo de 10 días desde el siguiente
a la notificación
6) Puesta de manifiesto del expediente.
Una vez remitido el
expediente. El Secretario judicial lo pondrá de manifiesto, junto a las
actuaciones practicadas, a las partes comparecientes.
7) Celebración de vista o alegaciones escritas.
El supuesto normal previsto
por la Ley es el trámite de celebración de vista, pretendiendo una vez más, y
al igual que sucede con otros procedimientos
o recursos (procedimiento ordinario-abreviado apelación etc) introducir
la oralidad en el recurso contencioso-administrativo.
Por ello el art. 127.4
dispone que una vez puesto de manifiesto el expediente a los comparecientes,
los convocará <<para la celebración de vista>>.
Dicha vista habrá de
celebrarse en un plazo mínimo desde la puesta de manifiesto del expediente de
10 días, pero en ningún caso la Ley señala plazo máximo para ello.
Aunque la Ley se inclina por la
oralidad de este procedimiento, permite no obstante su sustitución por el
trámite de alegaciones escritas, exigiendo como requisito para ello que el
órgano jurisdiccional así lo motive.
Si se hubiere optado por el
trámite de alegaciones escritas, éstas deberán presentarse en el plazo común de
10 días siguientes a la notificación de la resolución del órgano judicial (la
ley exige auto).
8) Sentencia.
El procedimiento concluirá
normalmente mediante sentencia, eso sí, antes de dictarse la misma, el órgano
jurisdiccional podrá abrir un periodo de prueba por plazo no superior a quince
días.
La Sentencia tampoco señala
plazo alguno.
Si el acto recurrido es
confirmado, la suspensión será definitiva y el acuerdo suspendido no producirá
afectos ni tendrá eficacia. En caso contrario, el acto o acuerdo suspendido
adquirirá plena efectividad.bv
F) EL RECURSO
CONTENCIOSO-ELECTORAL
Su regulación no se incluye
en la Ley Jurisdiccional. Sino en la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio, del
Régimen Electoral General, art. 109 a 117.
a) Requisitos objetivos.
a´) Actos
susceptibles del recurso.
El recurso contencioso-electoral procede contra
los acuerdos de las Juntas Electorales, sobre proclamación de electos y sobre
elección y proclamación de los Presidentes de las Corporaciones Locales (art.
109.1 Ley Electoral), así como sobre proclamación de candidatos (art. 49).
B´) Motivos
de impugnación.
La ley no especifica los motivos, lo que debe
interpretarse en el sentido de que el mismo procederá contra cualquier
infracción de las normas electorales reguladoras del sistema de proclamación de
candidatos o de proclamación de electos.
El objeto del recurso contencioso-electoral es
conseguir que sólo puedan ser proclamados candidatos a las elecciones que
procedan, quienes reuniendo los requisitos de elegibilidad y compatibilidad
establecidos por la Ley, hayan presentado las respectivas candidaturas en la
forma y plazos legalmente establecidos. También constituyen objetivo
fundamental del recurso conseguir que los candidatos elegidos lo hayan sido
respetando las normas sobre campaña electoral, y reflejen con toda claridad el
verdadero resultado de las urnas, a través de un escrutinio realizado con todas
las garantías que la Ley contempla.
b) Requisitos subjetivos.
Preciso es distinguir entre el recurso contra
la proclamación de candidatos y el recurso contra la proclamación de electos.
a´) Recurso
contra la proclamación de candidatos y candidaturas.
a¨) Órgano judicial competente.
La competencia corresponde a los juzgados de lo Contencioso-Administrativo,
cualquiera que fuese la Zona Electoral que hubiese adoptado el acuerdo, tal y
como dispone el Art. 49.1 de la Ley Electoral,
y recoge la actual Ley Jurisdiccional en el art. 8.4
b¨) Legitimación.- la ley reconoce legitimación
contra los acuerdos de proclamación de candidaturas y candidatos a las
siguientes personas:
a¨) candidatos excluidos; b¨) a los
representantes de las candidaturas proclamadas, y c¨) a los representantes de
las candidaturas cuya proclamación hubiera sido denegada.
b´) Recurso
contra proclamación de electos.
a¨) Órgano judicial competente.- la competencia
varía, así la ley distingue entre las elecciones generales (Congreso y Senado)
y las elecciones al Parlamento europeo, en cuyo caso el órgano jurisdiccional
competente es la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremos,
según se deprende del art. 112.1 de la LOREG.
b¨) Legitimación.- la legitimación tanto activa
como pasiva, corresponde a las siguientes personas:
·
Los
candidatos proclamados o no proclamados.
·
Los
representantes de las candidaturas concurrentes en la circunscripción, y
·
Los
partidos políticos, asociaciones, federaciones y coaliciones que hayan presentado
candidaturas en la circunscripción.
c¨) Intervención del Ministerio Fiscal.
La ley Electoral atribuye al Ministerio Fiscal
en el recurso contencioso-electoral la representación pública y la defensa de
la legalidad. La intervención del Ministerio Fiscal no será nunca como parte en
el proceso, sino como defensor de la legalidad, procurando con su presencia e
intervención garantizar, con
imparcialidad y lejos de postulados partidistas, la pureza del proceso
de elección, en sus dos manifestaciones y fases, de la selección y proclamación
de los candidatos que concurrirían a las elecciones y de proclamación de los elegidos
en las mismas. La protección y defensa de la legalidad justifica la presencia
del Ministerio Fiscal en el proceso contencioso-electoral.
c) Tramitación.
También aquí
debe distinguirse entre el recurso contra proclamación de candidatos y el
proceso contra proclamación de electos.
a’) Recurso contra proclamación de candidatos y
candidaturas.
El recurso
deberá interponerse en el plazo de dos días a partir de la publicación de los
candidatos proclamados. No obstante, la
Ley exige que la proclamación sea notificada al representante
de aquel o aquellos que hubieran sido excluidos.
Tal
exigencia legal no presupone que el plazo de dos días deba computarse desde
dicha notificación.
En el
escrito de interposición deberán contenerse las alegaciones que justifique el
recurso, acompañando los medios de prueba que estimen convenientes.
El Juez
dictará sentencia en el plazo de dos días. Dicha sentencia tiene carácter firme
y es inapelable. Contra ella sólo cabe en su caso recurso de amparo ante el
Tribunal Constitucional.
b’) Recurso contra la proclamación de electos.
a’’)
Interposición.
Se interpone
ante la Junta Electoral
El inicio
del recurso coincide con la formulación de la demanda, por cuanto que el mismo
se formaliza en dicho escrito inicial, en el que deberán consignarse los
hechos, los Fundamentos de Derecho y el petitum.
b’’)
Remisión del expediente al órgano jurisdiccional.
El
Presidente de la Junta Electoralla Sala
competente el mencionado escrito, el expediente administrativo correspondiente,
y un informe elaborado por la Junta
Electoral.
c’’)
Traslado para las alegaciones.
d’’)
Recibiendo del pleito a prueba.
El pleito
podrá recibirse a prueba, bien si lo solicitan las partes en el trámite de
alegaciones referido, bien de oficio por el propio Tribunal. La fase de prueba
se regirá por las del proceso contencioso-administrativo ordinario, si bien el
plazo para su práctica no podrá exceder de cinco días.
e’’)
Sentencia.
Su contenido
y pronunciamiento comprende desde la inadmisibilidad del recurso, hasta la
validez o nulidad de la elección, pudiendo ésta afectar a uno o varios
candidatos.
Contra la
sentencia, que deberá ser notificada a la Junta Electoral
d) Preferencia y gratuidad.
Los recursos
contencioso-electorales tienen carácter de urgentes y gozan de preferencia absoluta en su sustanciación
y fallo.
Dicha
preferencia hay que entenderla incluso respecto del procedimiento especial para
la protección de derechos fundamentales de la persona, dada la expresión,
preferencia absoluta, utilizada por la Ley Electoral.
G)
DECLARACIÓN DE LESIVIDAD.
a) Introducción.
Se discute
por la Doctrina
si el recurso por declaración de lesividad constituye o no una excepción a la
doctrina de los actos propios, aunque la Jurisprudencia de
nuestro Tribunal Supremo así lo entiende, por lo que su aplicación y
utilización debe ser excepcional y restrictiva.
En cualquier
caso, está íntimamente relacionada con as normas y principios reguladores de la
revocación o anulación de los actos administrativos.
En esta
línea, la LRJPAC
regula en sus arts. 102 y 103 los supuesto de declaración de nulidad y de
lesividad, de los actos administrativos, y hace referencia en el art. 105 a los supuestos de
revocación al disponer que <<las Administraciones Públicas podrán revocar
en cualquier momento sus actos de gravamen
o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya dispensa o
exención no permitida por la leyes, o sea contraria al principio de igualdad,
al interés público o al ordenamiento jurídico>>.
En suma, la
potestad anulatoria o revocatoria de la Administración
tiene límites y la misma no puede ejercerse libre o arbitrariamente, y mucho
menos en perjuicio de terceros, salvo que los impugne ante los propios
Tribunales de Justicia.
b) Requisitos.
a’) Requisitos objetivos.
a’’) Actos
respecto de los que procede la utilización del procedimiento especial.
El art. 103
de la LRJPAC
al hacer referencia a la <<Declaración de lesividad de actos anulables>>,
dispone en su apartado 1 que <<las Administraciones Públicas podrán declarar
lesivos para el interés público los actos favorables para los interesados que
sean anulables conforme a lo dispuesto en el art. 6.3 de esta Ley, a fin de
proceder a su ulterior impugnación ante el orden jurisdiccional contencioso-
administrativo>>.
Por lo tanto
son aquellos actos que reúnen los siguientes requisitos:
- Que se trate de actos favorables para los
interesados.
- Que se trate de actos anulables, no nulos, por
haber incurrido en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso
la desviación de poder.
- Debe tratarse de actos, no de disposiciones
generales.
Por otro
lado cabe destacar que la Ley
4/1999 ha venido a eliminar la revisión de los actos anulables.
En suma, no
cabe utilizar el procedimiento especial cuando el acto administrativo de que se
trate sean conforme a Derecho.
b’’)
Necesidad de la declaración de lesividad.
- Carácter
previo de la declaración. Así
pues, en caso de que
- Efectos
de la falta de declaración previa de lesividad.
Pero lo que sí exige nuestro ordenamiento es que si la Administración
pretende impugnar judicialmente dicho acto, debe con carácter previo declararlo
lesivo a los intereses públicos.
b’) Requisitos subjetivos.
a’’) En
cuanto a la legitimación activa.
Corresponde
a la <<Administración autora del acto>>, cuya anulación se
pretende.
Si el acto
proviniera de la Administración
General
Ahora, habrá
que acudir a cada caso concreto para determinar el órgano competente a tal
efecto.
Si el acto
proviniera de las entidades que integran la Administración
Localla Corporación
o, en defecto de éste, por el órgano colegiado superior de la entidad>>.
En todo
caso, debe tratarse de actos emanados del órgano administrativo autor de los
mismos.
b’’)
Legitimación pasiva.
La demanda
sólo podrá dirigirse contra aquellas personas o entidades que pudieran ver
afectados por la declaración de lesividad sus derechos o intereses legítimos,
personas que deberán ser citadas expresamente en la demanda.
c’’) Órgano
judicial competente.
Dependerá del
órgano administrativo a quien a su vez corresponda hacer la declaración de
lesividad.
c’) Requisitos de actividad.
No difiere
apenas del procedimiento previsto para el recurso contencioso-administrativo
ordinario tipo, por lo que el mismo se regirá por las disposiciones
establecidas para éste, con las especialidades que, a continuación, se indican:
a’’) Plazo
para acudir al proceso contencioso-administrativo.
Es necesario
distinguir entre el plazo previsto para que la Administración
declare la lesividad del acto, y el plazo para, una vez declarada la lesividad,
acudir a los Tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
En cuanto a
la declaración de lesividad, el plazo que tiene la Administración
competente es de <<cuatro años desde que se dictó el acto administrativo
de referencia>>.
En relación
con la impugnación en vía judicial, el plazo es de <<dos meses a contar
desde el día siguiente a la fecha de la declaración de lesividad>>.
b’’)
Eliminación del escrito o fase de interposición.
<<Se
iniciará por demanda>>, con lo que es la propia demanda la que da inicio
al mencionado recurso. No existe fase de iniciación independiente de la
demanda.
c’’)
Contenido del escrito de demanda.
- Necesidad
de precisar la persona o personas demandadas. La demanda debe fijar <<con precisión la
persona o personas demandadas y su sede o domicilio si constara>>.
Lógica consecuencia de lo ya expuesto al tratar de la legitimación pasiva,
y además, de la necesidad de que en este recurso el emplazamiento al
demandado <<se efectuará personalmente>>.
- Necesidad
de acompañar la declaración de lesividad y el expediente administrativo. Lógica consecuencia del requisito de la
declaración previa de lesividad, como diligencia preliminar al inicio del
recurso contencioso-administrativo.
d’’)
Necesidad de emplazar personalmente a los demandados.
Nos
remitimos a lo ya indicado al referirnos a la concreción de las personas
demandadas. El plazo de emplazamiento será de nueve días.
d’) Tramitación posterior.
El proceso
seguirá los cauces y trámites del proceso ordinario tipo: alegaciones previas,
contestación a la demanda, prueba, vista o conclusiones, sentencia, recursos,
etc.
ESQUEMAS TEMA XI
PROTECCIÓN DE
DERECHOS FUNDAMENTALES ARTS. 114-122
A) Objeto
a.
Procede contra las mismas pretensiones que el proceso
ordinario.
b.
Tiene por finalidad "restablecer o preservar"
los derechos y libertades.
B) Características
a.
Preferencia: A
excepción del recurso contencioso-electoral? (art. 116.1 Ley Electoral).
b.
Sumariedad:
·
Reducción de plazos
·
Simplificación de trámites
c.
No es exigible el recurso administrativo previo: 10
días para la interposición (art.115)
d.
Es parte el Ministerio Fiscal
e.
No puede iniciar el proceso
f.
Parece que interviene "a posteriori". Motivos
de inadmisión y alegaciones (arts.117.2 y 119).
C) Clases
a.
Procedimiento fijo
b.
Procedimiento sobre derecho de reunión (art. 122)
D) Tramitación
a.
Procedimiento tipo
·
Iniciación
a.
Escrito de interposición
o
Expresará el derecho violentado
o
Concisión de los argumentos
b.
Plazo
o
Diez días:
actos expresos
o
Veinte días: actos presuntos
·
Reclamación del expediente
a.
El mismo día (o el siguiente)
b.
Con carácter urgente
c.
Emplazamiento a todos los interesados
d.
Remisión en cinco días del expediente administrativo,
copia del escrito de interposición y requerimiento
e.
La falta de remisión - no suspende el procedimiento
·
Inadmisión del recurso
a.
El órgano judicial podrá inadmitir el recurso
(únicamente él)
b.
En tal caso, traslado a las partes.
c.
Comparecencia en 5 días, alegaciones, partes y
Ministerio Fiscal. Excepto la Administración demandada
d.
Inadmisión por auto, por inadecuación del procedimiento
(casación)
·
Demanda y Contestación
a.
Admitido el recurso, traslado para formalización de la
demanda y resolución de medidas cautelares
b.
Formalización en 8 días
c.
Traslado al Ministerio Fiscal y partes demandadas para
contestar en 8 días
·
Prueba: 20 días para proponer y practicar
·
Sentencia: 5 días
o
Vulneración o no del Derecho
o
Efecto no suspensivo del recurso de apelación
cuando la sentencia es estimatoria
b.
Derecho de reunión (art. 122)
·
¿Cuándo procede?
a.
En caso de prohibición
b.
En caso de modificación, no tienen que haber sido
aceptado por los promotores del derecho
·
Legitimación: corresponde a los promotores de la
reunión, escrito con fundamentos
·
Plazo: 48 horas, siguientes a la modificación de
la prohibición o propuesta de modificación
·
Expediente: Traslado por el promotor al órgano
administrativo y éste al judicial
·
Vista oral: en 4 días, previa puesta de
manifiesto del expediente
·
Sentencia
a.
No cabe recurso
b.
Solo podrá, o revocar, estimar el recurso o mantener la
decisión, desestimar el recurso
PROCEDIMIENTOS
ESPECIALES EN CASO DE SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
·
PROCEDIMIENTO para obtener autorización judicial para poder IDENTIFICAR al autor de la vulneración del principio o derecho
tutelado. (Art 122. Bis 1)
·
PROCEDIMIENTO para obtener autorización judicial para EJECUTAR MEDIDAS restrictivas acordadas por la Sección Segunda de
la Comisión de Propiedad Intelectual (Art 122. Bis 2)
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN
a)
Principios y derechos tutelados
·
Orden público, investigación penal, seguridad
pública y defensa nacional
·
Salud pública o de los consumidores, usuarios o
inversores
·
Dignidad humana y no discriminación
·
Juventud e infancia
·
Derechos de propiedad intelectual
b)
Sujetos
·
Órgano administrativo competente para conocer del correspondiente procedimiento en
vía administrativa (Interesado en descubrir la finalidad del infractor)
·
Ministerio Fiscal (previa audiencia a la
decisión judicial)
·
Órgano judicial competente para conceder la
autorización solicitada. (Jurisdicción Central de la C.A.)
c)
Requisitos objetivos
·
Existencia de una conducta que atente contra los
Principios y Derechos a través de un determinado servicio a la sociedad de la
información
·
Acreditarlo
d)
Requisitos de actividad
·
Inicio con solicitud dirigida al órgano judicial
(Juzgado Central)
·
Dicha solicitud será realizada por el órgano
administrativo competente para conocer del procedimiento administrativo
·
Dicha solicitud irá acompañada de:
o
las razones que justifican la petición
o
los documentos procedentes
·
El juzgado concederá audiencia previa al
Ministerio Fiscal
·
Resolverá mediante auto en el plazo de 24 horas
autorizando la solicitud, salvo que queden afectados los derechos del art 18.1
y 3 CE
·
El auto es recurrible en apelación
e)
Órgano judicial competente
·
El Juzgado Central de lo
Contencioso-administrativo
f)
Objeto: obtener autorización judicial para poder
identificar al responsable del servicio
de la sociedad de la información que está realizando la conducta presuntamente
vulneradora de cualesquiera de los principales o derechos antes enumerados
g)
Órgano administrativo requerirá a los prestadores de
los servicios de la sociedad de la información para que cedan los datos que
permitan la identificación del presunto
autor de la infracción
PROCEDIMIENTO
PARA EJEUCIÓN DE MEDIDAS
A) Derecho tutelado
--> Propiedad intelectual
B) Objeto
a)
Obtener autorización judicial para ejecutar las medidas
adoptadas en vía administrativa consistentes en:
·
Interrumpir la prestación de servicios
·
Retirar contenidos
C) Sujetos
·
Órgano administrativo (Sección 2ª de la Comisión
de Propiedad Intelectual) competente para adoptar las referidas medidas
restrictivas.
·
Representante de la Administración (Abogado del
estado para alterar la autorización judicial que permite ejecutar las medidas)
·
Ministerio Fiscal: defensor de la legalidad
·
Titulares:
o
Titular del derecho de propiedad intelectual
afectado.
o
Presentador del servicio a persona fiscal autor
de la conducta.
D) Requisitos
objetivos
·
Conducta que vulnere el derecho de propiedad
intelectual cuya protección se pretenda.
o
Ánimo de lucro. El prestador del servicio. Cause
o sea susceptible de causar daño patrimonial.
o
No queden afectados derechos y libertados
garantizador en el Art. 2O CE (libertad de pensamiento, producción/ creación
literaria, artística...).
E) Requisitos de
actividad
a)
Inicio con solicitud del órgano administrativo (
Sección segunda de la Comisión de Propiedad intelectual) dirigida al órgano
jurisdiccional competente. Dicha solicitud exige que previamente haya sido
acordada la medida en vía administrativa
b)
Celebración de audiencia, que será convocada por el
Juzgado en el plazo improrrogable de dos días siguientes a la recepción de la
notificación de la resolución administrativa
c)
Puesta de manifiesto del expediente de modo simultáneo
a la convocatoria
d)
Personas convocadas a la audiencia
·
El representante de la Administración (Abogado
del Estado)
·
El Ministerio Fiscal
·
Los titulares (o sus representantes) de los
derechos y libertades afectados
e)
Serán oídos todos los personados, de manera
contradictoria
f)
Resolución: en el plazo improrrogable de dos días,
mediante auto, recurrible en apelación
g)
Contenido de la resolución
·
El juzgado tendrá en cuenta si la medida
adoptada afecta a los derechos y libertades del art. 20 CE
·
Únicamente podrá autorizar/denegar la ejecución
de la medida
F) Órgano judicial
competente
a)
El juzgado Central de lo Contencioso - administrativo
RECURSO ORDINARIO EN SUPUESTO DE
VULNERACIÓN DEL DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL CON ACCIÓN DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
Art. 158.4.4 Ley (TR) PI//Disposición
Adicional. 4ª LJCA//Art. 122 BIS.2 LJCA.
Cabe posibilidad de recurso ordinario Contencioso-Administrativo
contra la validez del acto que no suponga la adopción de las medidas
restrictivas de servicios de la sociedad de la Información adaptado por la Sección 2ª del CPI.
LA CUESTIÓN DE
ILEGALIDAD
A) Justificación
a)
Impugnación indirecta de las Disposiciones Generales.
b)
Trata de evitar situaciones de inseguridad y
desigualdad ante la falta de una doctrina jurisprudencial armónica sobre
idénticos hechos tratados de forma dispar.
B) Cuándo procede?
a)
Contra actos de aplicación de una Norma general.
b)
Que dicho acto sea declarado nulo por ser presuntamente
nula dicha desiposición general.
c)
Que el órgano judicial interviniente no sea competente
para conocer del recurso directo contra la Disposición general.
C) Cuándo no procede?
a)
Cuando el órgano judicial sea competente para conocer
también del recurso directo contra la Disposición general.
b)
Cuando el órgano judicial interviniente sea el Tribunal
Supremo.
D) Requisitos
a)
Se plantea por el órgano judicial que haya conocido del
recurso contra el actode aplicación.
b)
Es preciso que haya recaído sentencia firme estimatoria
por considerar ilegal la Disposición general aplicada.
c)
Ello determina que la cuestión de ilegalidad no tiene
carácter prejudicial ( no paraliza el proceso).
E) Tramitación
a)
Forma:
·
Se plantea mediante auto, contra el que no cabe
recurso.
·
Habrá de ceñirse exclusivamente al precepto o
preceptos afectados por la declaración de ilegalidad (en lo demás la Disposición general permanece
inalterable.
b)
Plazo: 5 días desde el días siguiente al que conste la
firmeza de la sentencia.
c)
Carácter preferente: Cuando sea de especial
trascendencia para el desarrollo de otros procedimientos
d)
Emplazamiento y comparecencia:
·
El emplazamiento se realizará en el Auto
planteando la cuestión de ilegalidad.
·
Las partes deberán comparecer y hacer
alegaciones en el plazo de quince días.
·
Las alegaciones se realizan ante el Tribunal que
debe resolver la cuestión.
e)
Conclusión y Sentencia:
·
La declaración de concluso y fijación de votación y fallo se realizará hechas las
alegaciones.
·
La sentencia se pronunciará en el plazo de diez
días siguientes.
f)
Contenido de la Sentencia:
·
Inadmisión de la cuestión:
o
Falta de condiciones procesales
o
Falta de fundamento de la mención.
·
Desestimación:
o
Total
o
Parcial
La Disposición cuestionado se ajusta a Derecho pero es
válida la sentencia estimatoria del órgano judicial.
·
Estimación:
o
Total
o
Parcial
La Disposición cuestionada infringe el ordenamiento jurídico.
g)
El plazo se interrumpirá:
·
Para reclamar el expediente
·
Para practicar de oficio alguna prueba.
EXTENSIÓN A OTROS
SUPUESTOS:
La cuestión de ilegalidad es aplicable a determinados
preceptos:
§
Art 33.3
§
Art 66
§
Art 70.71.1A
§
Art 71.2
§
Art 72.2
§
Art 73
·
Comunicación al juez/tribunal que la planteó
·
Publicación en el Diario Oficial (estatal o
autonómico)
PROCEDIMIENTO EN CASO
DE SUSPENSIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA DE ACUERDOS (ART.127)
A) Requisitos
a)
Que esté prevista la posibilidad de suspensión en una
disposición legal
b)
Que dicha posibilidad permita que un órgano
administrativo pueda suspender en vía administrativa actos o acuerdos de
Corporación o Entidades Públicas
c)
Que la mencionada suspensión deba ir seguida de la
impugnación o traslado del acuerdo a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
(art.67 Ley Bases Régimen Local)
B) Tramitación
a)
Interposición o traslado: El procedimiento podrá
comenzar
·
Mediante escrito de interposición (deberá ser
fundado)
·
Mediante traslado del acuerdo suspendido
Nota: hay que acompañar copia del acto de suspensión
b)
Órgano judicial competente: reglas generales de
competencia
c)
Legitimación
·
Activa: corresponde al órgano que hubiese
acordado la suspensión
·
Pasiva: la Autoridad o entidad autora del acto o
acuerdo suspendidos
d)
Plazo
·
Regla general: diez días siguientes a la fecha
del acto suspendido
·
Regla especial: el que la ley establezca en cada
caso
e)
Remisión del expediente
·
Deberá hacerlo la entidad pública a
requerimiento del órgano jurisdiccional
·
La Entidad requerida deberá
o
remitir el expediente (10 días)
o
alegar la improcedencia de la suspensión (10
días)
o
notificación a los interesados (10 días)
f)
Puesta de manifiesto del expediente: a las partes. La
Ley no señala plazo para ello
g)
Vista
·
Regla general: celebración de vista oral. 10 dúas desde la puesta de manifiesto del
expediente
·
Regla especial: alegaciones escritas (deberá
motivarlo el órgano judicial). Cabe abrir período de prueba
h)
Sentencia
·
Se dictará una vez celebrada la vista o
deducidas las alegaciones
·
Contenido
o
Confirmado el acto recurrido: la suspensión será
definitiva
o
En caso contrario: El acto suspendido adquirirá
plena validez
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